TOMÁS BUSSI
La inflación es ampliamente aceptada como un mal social. Sus efectos son perjudiciales tanto para el nivel de actividad económica como para la distribución del ingreso. Hace que los precios evolucionen de forma desordenada, desorientando a los inversores y desviando el flujo de recursos hacia actividades especulativas en vez de productivas, ya que estas últimas se vuelven más riesgosas. También genera transferencia de ingresos de forma regresiva, ya que las personas que menos tienen son las que mantienen una mayor proporción de sus fondos en efectivo para poder adquirir bienes de consumo, perdiendo poder adquisitivo constantemente. Los que tienen un mayor margen para disponer su riqueza en otros activos más estables, como moneda extranjera, poseen una mayor capacidad para conservar su poder de compra.
La relación de nuestro país con este fenómeno es crónica. Salvo en períodos excepcionales, como los casi 11 años de la convertibilidad, la economía argentina padeció elevados niveles de inflación, incluso llegando a tener tasas anuales de 3 cifras durante una década (desde el Rodrigazo hasta el Plan Austral). En 2019, alcanzó un 53,8 % anual según los datos del FMI, ubicándonos en el tercer puesto en el top 20 de países con mayor inflación del mundo, por debajo de Venezuela y Zimbabue. Es por esto que solucionar dicha variable debería ser considerado dentro de las prioridades de los hacedores de política. Si bien existen diversas explicaciones de su causa, lo cierto es que los países que no sufren este problema tienen ciertas características comunes.
Más que como el aumento generalizado de los precios, una mejor forma de ver este fenómeno es como la pérdida del valor de la moneda de curso legal. El organismo encargado de dicha función (entre otras) es el Banco Central. La gran mayoría de los países tienen uno, que regula la política monetaria. Sin embargo, no todos funcionan con el mismo criterio. Algunos le dan más importancia a mantener el poder adquisitivo de la moneda, ajustando la cantidad de circulante cuando la inflación apenas comienza a acelerarse. Otros toleran un poco más los aumentos de precios si se puede mantener un nivel de actividad mayor. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, que gestiona la política monetaria de la eurozona, tiene como objetivo único mantener la tasa de inflación menor al 2% anual. A diferencia de la Reserva Federal (de los Estados Unidos), que también incluye objetivos como el crecimiento económico y el pleno empleo.
Más allá de los distintos criterios, existe también otra clasificación de estos organismos. Por un lado, un Banco Central puede estar subordinado al ministerio de economía, otorgándole las herramientas de política monetaria al gobierno. Por el otro, puede adquirir características más independientes en cuanto a la gestión de sus instrumentos. El primer caso se da generalmente cuando las autoridades tienen una meta productiva mayor a la de pleno empleo, generando un nivel de actividad mayor a costa de una aceleración inflacionaria. El problema que surge es que los individuos se adaptan a este comportamiento repentino del gobierno, y las políticas expansivas sorpresivas no tendrán efecto en el futuro para aumentar la producción, sino que provocará una mayor repercusión en los precios. Además, estos casos pueden llevar al comportamiento irresponsable de las cuentas fiscales, ya que estas pueden ser financiadas por emisión de dinero cuando los gastos superan los ingresos, generando más problemas inflacionarios. En contraparte, los argumentos a favor de la independencia del Banco Central refieren a la solución de estos problemas de inconsistencia y de desorden de las cuentas públicas. Esta forma presenta la característica de la utilización de reglas precisas para cumplir con su objetivo de baja inflación, por ejemplo, fijando el tipo de cambio en un determinado valor o adaptando la cantidad de dinero al crecimiento del producto.
Diversos trabajos revelan evidencia a favor de esta última posición. Los Bancos Centrales más independientes han mostrado mayor efectividad de resolución del problema de la inflación. Pero, para que no sea necesario analizar ese tipo de artículos, observando la historia de nuestro propio país quizás podríamos sacar las mismas conclusiones. Como las tasas de inflación anuales de dos cifras comenzaron a manifestarse a mediados del siglo pasado, deberíamos remontarnos a aquellos años. Dentro de todo un marco de políticas de corte nacionalista, en 1946 se nacionaliza el Banco Central de la República Argentina y queda subordinado a las decisiones del ministerio de economía. Los planes económicos del gobierno comenzaron a disponer de las herramientas monetarias y crediticias que usarían para cumplirlos. Si bien el nuevo organismo estaba orientado al desarrollo industrial mediante el otorgamiento de créditos a tasas muy bajas a distintos sectores, el exceso de esta herramienta comenzó a hacerse sentir. Además, los gastos del estado se multiplicaron sin que lo hicieran los ingresos, siendo financiada esa diferencia mediante emisión de dinero que comenzaba a disponer el gobierno. Más allá de los distintos objetivos que se llevaron a cavo en aquel período, tanto la política monetaria y fiscal expansivas comenzaron a repercutir en la variación de los precios, llegando a tener en 1949 una tasa de 31% anual. A partir de aquellos años, la inflación se volvía en Argentina un problema habitual.
Además de aquel episodio con respecto a la modificación de las formas de funcionamiento del Banco Central, también tenemos el ejemplo a la posición contraria. En marzo de 1991 se decretó la Ley de Convertibilidad, la cual duraría casi 11 años, hasta enero de 2002. Esta fue implementada con el objetivo de terminar con la hiperinflación que padecía la economía argentina. Simplificando, lo que se establecía era un tipo de cambio fijo: un dólar valdría un peso. Cumplir este objetivo requería que dicha autoridad monetaria utilizara sus instrumentos para aumentar o disminuir la cantidad de dinero, comprando o vendiendo dólares con el fin de mantener la paridad fijada. Para esto, fue dotada con atribuciones más independientes tanto legales como funcionales. En otras palabras, el Banco Central utilizaría sus herramientas para cumplir con la regla decretada y no estaría obligado a financiar los gastos del Estado. El resultado que tuvo la convertibilidad fue terminar con la inflación. Se pasó de 1344% de hiperinflación en 1990 a 25% en los primeros 12 meses posteriores a su aplicación. La estabilidad de precios permitió al país volver a crecer luego del pobre desempeño de la década del 80.
En resumen, la teoría del Banco Central independiente sugiere que mientras más independencia y más reticencia a la variación de precios tenga dicho organismo, mayor resultado tendrá con respecto a dominar la inflación. Por supuesto que no es óptimo que ese sea su único objetivo, ni que de por sí eso viene a resolver todos los problemas económicos. Además, tener reglas tan estrictas puede generar rigideces y problemas ante determinadas circunstancias (por ejemplo, tipo de cambio fijo en un contexto de continua salida de capitales, que se dio en los últimos años de la convertibilidad). Tampoco se está aclarando que la emisión monetaria es la causa única del aumento generalizado de precios, ya que gran parte de este fenómeno es producido por las típicas pujas entre empresarios y sindicalistas y contratos fuertemente indexados. Pero lo cierto es que esto se produce una vez acelerada la inflación por una sobreexpansión artificial de la demanda agregada, siendo esta la primera causa. Rara vez en la historia argentina los hacedores de política no han recurrido a la monetización del déficit fiscal que generan aumentos en el nivel de precios y castigan a las personas de menos recursos. Poner límites a la utilización de herramientas monetarias para cubrir desequilibrios fiscales es uno de los beneficios más importantes que puede producir que el Banco Central posea mayor independencia funcional. Esto podría ser parte de la solución al problema de inflación crónica que padece la economía argentina.
Por Tomás Bussi, estudiante de economía (UNR) y miembro del Grupo Joven de Fundación Libertad.