REGLAS DE JUEGO ARGENTINAS

Y sus consecuencias

TOMÁS BUSSI

¿Qué determina el desempeño de una economía a lo largo del tiempo? La respuesta es muy amplia e incluye múltiples factores. Sin hilar fino, uno de ellos y, quizás, el más importante, son las instituciones. En un sentido general, éstas refieren a las reglas de juego en una sociedad: son limitaciones que articulan la interacción humana. Más concretamente, son el conjunto de leyes sancionadas por la autoridad y normas informales aceptadas por la sociedad. Es por eso que es imprescindible destacar cómo éstas afectan de forma significativa al resultado económico de una nación. Un buen marco institucional es determinante de comportamientos productivos por parte de la población, generando un ambiente próspero para la actividad económica.

¿Qué pasa cuando el gobierno es el propio generador de reglas de juego desfavorables? Lamentablemente, los países del Tercer Mundo entrañan un marco institucional que genera incentivos contrarios al  buen funcionamiento de la economía, creando las condiciones para el surgimiento de mercados informales, monopolios ineficientes y una menor capacidad de generar empleo. 

Sin ir más lejos, en Argentina, en los últimos 30 años, se han producido diversas violaciones formales e informales de contratos por parte de la autoridad y de los hacedores de política, perjudicando a la sociedad. Sería prudente recordar algunas puntualmente y explicarlas sintetizando el contexto económico, sobre todo, para entender mejor de qué estamos hablando.

El Plan Bonex fue una medida económica implementada a fines de 1989 para solucionar la hiperinflación desatada ese mismo año. A grandes rasgos, consistió en el canje forzado de los depósitos a plazo de la gente por títulos públicos. Esto generaría una reducción en la cantidad de dinero. Es decir, fue una política monetaria contractiva. Así se reduciría la demanda agregada, induciendo a bajar las altas tasas de inflación mensual que afrontaba la economía. El costo de esta política la padecieron las personas que habían depositado su dinero en los bancos. Claramente se puede apreciar cómo las autoridades, con el objetivo de solucionar un problema que ellas mismas causaron, perjudicaron a los individuos que, con la intención de disponer de su propiedad, confiaron en las reglas de juego establecidas. Desafortunadamente, éstas cambiarían de forma abrupta.

Existe un episodio similar a éste en un contexto relativamente distinto, más recordado por la sociedad que el anterior. La Argentina había entrado en lo que sería la recesión más prolongada de su historia a fines del año 98. Con un panorama internacional desfavorable, la gran magnitud de salida de capitales y la toma continua de deuda para financiar el desequilibrio fiscal fueron las condiciones previas para el conocido default del 2001. La medida política relevante en esta crisis es la que se realizó el 3 de diciembre de ese año, el conocido “corralito”. Éste significó la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de los depósitos bancarios, no solamente de plazos fijos, sino también las cuentas corrientes y cajas de ahorro. La intención era detener la huida de dinero depositado para evitar una crisis bancaria y el colapso del sistema. La principal consecuencia fue la paralización del crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la economía informal de la cual dependía la subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población. Pero, deteniéndonos en la medida política en sí, observamos de nuevo el repentino cambio de normas. Las reglas de juego que en un principio establecían que cada individuo era capaz de disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos depositados en entidades bancarias, de un momento a otro, fueron modificadas. 

Como si fuera poco, podemos seguir enumerando este tipo de hechos. Un tercer caso a considerar es el de la estatización de las AFJP. Sintetizando, éstas fueron empresas dedicadas a administrar los fondos generados por los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores. Pertenecían a un régimen de capitalizacion individual (a diferencia del “régimen de reparto” que tenemos actualmente) establecido por la reforma previsional en el año 93. En este sistema, cada persona aportaba fondos a su propia cuenta y podía disponer de sus ahorros al momento de jubilarse. En el año 2008, el gobierno elimina el sistema de las AFJP y hace disposición de los fondos administrados por ésta, trasladando a los trabajadores que aportaban en este régimen al sistema de reparto. Los argumentos que sustentaron esta medida fueron múltiples, principalmente referidos a lo riesgoso que podría resultar que las jubilaciones futuras de los trabajadores dependan de este tipo de entidades. Entonces, ¿Qué nos dicen las reglas de juego en este caso? ¿Los trabajadores pueden disponer de su propio ahorro? ¿O el Estado puede unilateralmente decidir qué es lo mejor para ellos?

Estos episodios son ejemplos puntuales de violaciones a los contratos por parte del Estado. Pero, en realidad, éstas se dan con una mayor frecuencia informalmente. Las devaluaciones sorpresivas y aceleraciones inflacionarias son casos concretos de este tipo de vulneraciones. Teóricamente, el organismo encargado de mantener el valor de la moneda es el Banco Central. En nuestro país, evidentemente falla en esa tarea. Las razones pueden estar vinculadas a la falta de independencia que tiene, quedando subordinado a la política de turno, sin poder poner énfasis en su función principal. Más allá de la razón, lo que importa analizar es el hecho en sí. Por poner un ejemplo, supongamos que una persona deposita a plazo un determinado monto a cambio de una tasa de interés que, en teoría, compensaría la pérdida por inflación y tendría cierto margen de ganancia. Si durante el período ocurre una fuerte devaluación, todo el monto que debería resultar de su depósito habrá disminuido en dólares. Además, luego de ésta, suele producirse una aceleración inflacionaria. El depositante prestó su dinero para obtener un monto mayor al final de un periodo, la violación informal consiste en que, por las razones anteriores, recibirá un monto menor en términos reales. En otras palabras, perdió dinero por decisión del Estado. Las devaluaciones fuertes han sido una herramienta utilizada frecuentemente por los gobiernos argentinos para revertir la caída de la actividad económica, induciendo a aumentar exportaciones y reducir importaciones. Una vez más, apreciamos una medida utilizada para solucionar una situación generada por una mala gestión, que perjudica a la población general, pero, sobre todo, genera un marco institucional desfavorable.

Una nación con normas que permitan que el Estado disponga de la propiedad de los individuos para solucionar problemas difícilmente genere comportamientos que favorezcan la actividad productiva. ¿Quién pondría su dinero en entidades financieras, si en el pasado se han quedado con los depósitos? Los políticos pregonan que los dólares deben canalizarse hacia la producción y  no quedarse bajo el colchón, pero, ¿por qué alguien prestaría sus dólares sabiendo que pueden decidir no devolvérselos? ¿Qué tipo de incentivos puede generar un conjunto de reglas de juego como este? Probablemente, no muy buenos.

Por Tomás Bussi, estudiante de economía (UNR) y miembro del Grupo Joven de Fundación Libertad.