LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA EN ARGENTINA

El contexto socio-cultural, la desactualización de contenidos y la infraestructura son algunos de los motivos del rendimiento irregular de alumnos de primaria y secundaria en Argentina.  

En la educación, los padres y los hijos son los compradores mientras que los profesores y administradores son los productores. La centralización de la oferta educativa por parte del Estado ha supuesto unidades administrativas de mayor tamaño (con el gasto público asociado a las mismas) cuyo mero efecto es la reducción de las posibilidades de elección del consumidor, incrementando el poder de los productores.

Idealmente, estos profesores, empleados administrativos y funcionarios sindicales podrían desear un buen funcionamiento del sistema escolar, pero aún en tales casos, sus preferencias son diferentes a las de los padres porque sus necesidades también lo son. Las mismas, probablemente, puedan ser solucionadas con una mayor centralización y burocratización, aunque sin satisfacer las de los padres. Este fenómeno es comúnmente observado cuando la burocracia estatal se hace cargo de algún servicio a expensas de las posibilidades de elección del consumidor, y la educación no es la excepción.

No obstante,  Argentina parece nunca aprender de los errores, y existen quienes aún claman por una mayor intervención estatal en la educación, buscando además una mayor dedicación presupuestaria. En contraste, cualquier recorte en presupuesto es visto como una catástrofe de grandes proporciones. Es en este fino borde donde surge una tercera alternativa, que busca la optimización (y hasta reducción del gasto público), devolviendo a los padres el control sobre la educación de sus hijos.

La educación bajo un sistema de vales:

Un modo sencillo y eficaz de garantizar a los padres una mayor libertad de elección, conservando además las  actuales fuentes de financiación es un proyecto a base de vales (o bonos).

Supongamos que un niño asiste a una escuela pública primaria o secundaria. Esto cuesta a sus padres y al contribuyente, bajo el modelo actual, una cifra aproximada de 1000 dólares al año [1]. Ningún individuo se beneficiaría del ahorro de esta suma a menos que todos los otros contribuyentes tomaran la misma decisión. Por el contrario, aquellos padres que decidan enviar a sus hijos a una escuela privada deberán abonar un arancel extra al deducir anualmente de sus impuestos.

Ahora bien, en un sistema de vales, el gobierno le ofrece al contribuyente un bono amortizable por una fracción o la totalidad del dinero invertido por el estado por cada niño, si el padre “libra al estado de tener que encargarse de la educación de su hijo”. Este vale solamente puede ser cambiado en centros educativos, tanto públicos como privados. En estos últimos, el dinero se complementa con el arancel ya estipulado, reduciendo la cantidad de dinero que tiene que invertir una familia en el mismo, pero sin mermar la recaudación del Estado.

Los padres deben ser autorizados a cambiar sus vales en escuelas públicas si lo desean, dándoles aún más poder de elección, y exigiendoles a las instituciones que se autofinancien a través de los bonos recibidos. Las escuelas públicas deberán entonces competir tanto con otras escuelas estatales como con organismos privados. 

Como consecuencia inmediata puede observarse que, debido a la subvención a los aranceles que supone el canje del vale en una escuela privada, la demanda de las mismas aumentaría considerablemente. De esta manera se consolidaba un nuevo mercado educativo con la aparición  nuevas instituciones que busquen captar alumnos a través de una educación de nivel, adaptada a los cambios del mercado.

Como es de esperar, existirán quienes argumentan que en este sistema mixto, las escuelas públicas no podrían sobrevivir a la competencia. Debemos entender entonces que la amenaza que gravita sobre las escuelas públicas en nuestro país proviene de sus defectos, no de sus logros

El artículo fue escrito por un miembro del Grupo Joven de Fundación Libertad

Referencias

[1] (8 de junio de 2013)”El Estado invierte 200 mil pesos por año en cada graduado universitario”. Infobae. Recuperado de:

https://www.infobae.com/2013/06/08/714525-el-estado-invierte-200-mil-pesos-ano-cada-graduado-universitario/

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