LUCIA HUKOVSKY
En los últimos días distintas voces del Gobierno se hicieron eco de las predicciones económicas para la Argentina a raíz de la actual crisis de COVID-19, en cuanto a que se estima una contracción del PBI de casi 10% para este año y una recuperación de casi 4 puntos para 2021, según el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI). De este modo, el presidente ha defendido sus medidas de prevención acusadas de destruir la economía por mantener una extensa –e innecesaria– cuarentena estricta, comparando estos pronósticos con los de otros países que han adoptado medidas diferentes en cuanto a la pandemia. Así, el presidente comparó la recesión que se espera para el país con la esperada para Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos, entre otras naciones. Pero lo que el Gobierno no tiene en cuenta es que Argentina no es comparable a esos países en ninguna de sus otras variables socioeconómicas.
En un país donde la pobreza alcanza el 27,5% de la población, la indigencia el 8%, y que del total de personas por debajo de la línea de pobreza el 32% son niños -todo ello según datos oficiales del INDEC del segundo semestre de 2019-, no se puede sentir alivio ante una reducción del PBI del 10% diciendo que otros países más desarrollados tendrán recesiones peores. El ascenso y mejora social de estas personas bajo la línea de pobreza se verá dificultado y alargado en el tiempo a causa de la recesión económica. Además, la generación de niños que ha nacido y vivido sus primeros años en la pobreza ahora tendrá mayores dificultades para salir de ella y podría ocurrir que se atrase generacionalmente su progreso. Esto se debe en primer lugar por la contracción en el ingreso de las familias y peores condiciones laborales y estructurales por la crisis, características que se transmiten en las familias entre generaciones. Más aún, el nivel de educación general disminuye al no poder asistir presencialmente a clases, o incluso por no poder asistir del todo, lo que afecta mayormente a los estudiantes de menores ingresos o que viven en zonas con problemas estructurales para acceder a clases online; lo que lleva a una futura inserción laboral con mayores complicaciones para las personas estructuralmente afectadas.
Por otro lado, Argentina es un país que ya venía con una crisis financiera antes de la pandemia, por lo que ésta no sería una nueva recesión que superar, sino un agravante a la difícil situación que ya ocurría. Al creciente desempleo que tuvo lugar en 2019 se le suma la destrucción de miles de puestos de trabajo por los shocks negativos a la oferta y a la demanda, un dato no menor si se tiene en cuenta la dificultad para acceder a la inversión que sigue a la pandemia, ya que los inversores prefieren los mercados más estables de los países desarrollados para recuperarse de una crisis. En este caso, son los gobiernos de los países a los que nuestro presidente critica los que pueden estar más seguros que van a recuperar la actividad económica cuando se reactive la producción y el consumo post medidas cuarentenales. En cambio, no es la situación de Argentina en la que los capitales salen del país e innumerables empresas y comercios quiebran. El oxígeno que el Gobierno espera del aumento de las exportaciones para el año próximo es sólo una máscara para tratar de cubrir las primeras necesidades económicas, pero no es suficiente ni durará por siempre. Algo similar ocurre con la supuesta “reactivación” de la mano de la obra pública, que no es otra cosa que aumentar el gasto y desvar fondos que podrían utilizarse mejor para incentivar la producción privada, puede sonar a un alivio al principio con la propaganda de la creación de puestos de trabajo, pero no trae soluciones reales y crea distorsiones en el mercado.
En conclusión, el Gobierno debería dejar de engañarse a sí mismo comparándose con otros países que nada tienen en común a nuestro a país y proponerse la búsqueda de soluciones sólidas que acompañen las problemáticas de fondo que agobian al país y que sólo se han hecho más claras por la pandemia.
Por Lucia Hukovsky. Lic. en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política y Gobierno. Universidad de San Andrés