BLAS PERALTA
Para dar comienzo, me parece prudente brindarles datos acerca de cómo funciona hoy en día la educación en Argentina y todo lo que ello implica.
El sistema educativo de nuestro país es público, y se divide entre instituciones de gestión estatal o privada, estando en ambos casos subordinadas al control estatal. Esto quiere decir que el estudiante debe seguir una currícula obligatoria establecida por el Estado, llámese en este caso Ministerio de Educación.
¿Qué consecuencias tiene esto?
La principal consecuencia es la politización de la educación, dejándola a la deriva de la sucesión del poder a través de los distintos gobiernos. Dada la extrema intervención estatal podemos ver adoctrinamiento en asignaturas como Historia, Filosofía y Economía, entre otras.
Esto se ha usado de forma notable a lo largo de nuestra historia, por ejemplo, con el uso propagandístico de la educación en el gobierno de Juan Domingo Perón -característica típica de los gobiernos fascistas-, con subjetivación sobre la enseñanza de procesos o gobiernos históricos, los “tira y afloja” en la visibilidad educativa del Proceso de Reorganización Militar (1976-1983), y así con decenas de casos más.
Hoy en día podemos ver en los principales establecimientos de aprendizaje de nivel secundario incluso afiches partidarios, transformando a las escuelas en centros de reclutamiento y captación por parte de los partidos de izquierda.
Por otro lado, esto trae como consecuencia una muy escasa diversificación educativa. Se priva a los consumidores de optar por orientaciones o especialidades que les sean convenientes para su futuro, y para su posterior introducción en el mercado laboral. Los alumnos se encuentran atados a una estricta currícula que, en la mayoría de los casos, no les produce interés, generando empleados poco útiles para el mercado laboral.
Se prohibió el “homeschooling” o educación en casa, que funciona en países como Suiza, Suecia, Irlanda o Estados Unidos, y otorga grandiosos resultados; por lo que uno se encuentra inexorablemente ligado y yuxtapuesto a la educación estatal.
Dejando la ‘intervención estatal directa’ de lado, debemos comprender que en Argentina el 80% de la educación es pública, por lo que ha de suponerse que tendremos una mayor cantidad de ingresantes a las universidades, y consecuentemente, más graduados, ¿no?
No. Estudios demuestran que en nuestro país tenemos 443 ingresantes universitarios cada 10.000 personas, mientras en países como Brasil, en donde el 75% de la educación es privada, hay 384. Esto demuestra que, evidentemente, nuestro sistema es más inclusivo y les permite a más personas acceder a una formación profesional. A pesar de esto, haciendo una lectura más profunda, podemos encontrarnos con que tan solo 30 de cada 100 estudiantes logran graduarse, en tanto, en Brasil la cifra aumenta a los 50.
Esto también nos permite constatar la realidad de la educación de nivel medio, en donde tan sólo el 41% de los chicos que se anotan en el primer año del secundario logran terminarlo a tiempo mientras que el 61% logra finalizarlo sin tener en cuenta la edad de conclusión. El resultado nos deja un 39% de abandono escolar, y de personas que les resultará extremadamente difícil, sino imposible, conseguir un trabajo profesional.
A fin de cuentas, de cada 100 chicos que ingresan al secundario, solamente 60 lo terminan. De esos 60, tan sólo 18 van a la universidad. De esos 18, sólo 5 lograrán graduarse. En suma, sólo el 5% conseguirá un título universitario, y esto tampoco es debido a la exigencia.
En búsqueda de medir la calidad educativa de los distintos países del mundo, se realizan las pruebas PISA, que evalúa a los alumnos secundarios en Ciencias, Matemática, y Literatura.
Remontándonos a las pruebas del 2015, la Argentina no participó debido a irregularidades en la toma de los exámenes, culpa de otra de las tantas encrucijadas obsesivas en la manipulación de números por parte del gobierno de la ex-presidente Cristina Fernández, que decidió incluir solamente a los mejores colegios, a fin de obtener un mejor puntaje.
En 2018, finalmente se evidenció la realidad de la educación argentina. De 79 países participantes, en promedio se obtuvo el puesto 66 en promedio, ubicándose en el puesto 63 en lectura, el 65 en ciencias, y el 71 en matemática, una realidad alarmante.
En ciencias el 53,5% de los chicos sólo reconocen términos científicos básicos y comprenden instrucciones explícitas; en literatura, el 52,1% solo comprenden los datos explícitos y las relaciones evidentes de los textos; y en matemática, el 29% sólo pueden resolver problemas básicos y cotidianos, y un 40% ni siquiera tienen esa capacidad.
Evidenciando las problemáticas del sistema educativo, lo propio sería pensar que hay poca inversión del Estado en la educación, pero esto no es así. Es más, el gasto de Argentina en educación representa un 5,7% del PBI, siendo el cuarto país en América Latina que más invierte, y superando el promedio mundial de 4,4%. No hay poca inversión, sino mala asignación de los recursos.
Nuestro sistema es federal, por lo cual las provincias son quienes destinan el importe, en promedio un 28% de su presupuesto provincial. Pasemos a ver cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, y si realmente el dinero se destina a infraestructura, comedores, útiles, becas o material de lectura. El siguiente cuadro nos muestra hacia dónde se dirige el gasto. La imagen es contundente, y las estadísticas hablan por sí solas. El 96% del gasto va destinado a salarios docentes.
Ya incluyendo a la educación superior, la cantidad de docentes aumentó un 28% en la última década, y para el año 2013 había 1.057.136, en un sistema de 10.000.000 de estudiantes. Un profesor cada 10 estudiantes. Estudiantes de los cuales conseguirán un título profesional 1 de cada 20. Lo que equivale a tener dos profesores por cada un graduado universitario. Más profesores que graduados, algo que no se ve en ningún país del mundo.
A nivel universitario, tiene injerencia el Estado Nacional, que destina un 70% de su presupuesto educativo a las universidades; y de ese 70% un 99% va destinado a salarios docentes. En el año 2011, se destinó un presupuesto universitario de US$ 4.584 millones, y hubo un total de 70.370 graduados. A cuentas, nos da un costo de US$ 64.633 por graduado.
De cada 100 alumnos, 44 aprueban una materia anual, o ni siquiera eso. La mayoría de los estudiantes que dejan sus estudios, llegan a concluir los dos primeros años, significando un costo de aproximadamente 20.000 dólares per cápita.
A la Universidad Patagónica Austral se le destinó US$ 43.714.024, y hubo un total de 103 graduados, US$ 424.408 por graduado. Ejemplificando sobre una carrera tipo con duración de 5 años, nos da un total de US$ 84.881 por año, más que cualquier universidad de la Ivy League. US$ 7073 por mes. Nada.
Volviendo al promedio de US$ 64.633 por estudiante, son US$ 12.926 por año, y US$ 1077 mensuales, contando los doce meses del año. A dólar de hoy, AR$ 129.240 por mes. Con este dinero se puede pagar cualquier universidad privada del país, teniendo un valor aún mayor a la institución privada más costosa, UDESA. Ni merece la pena la comparación en infraestructura de una universidad pública con la Universidad de San Andrés.
El ausentismo docente es otro gran problema de nuestro sistema educativo, Argentina es el segundo país en el mundo en ausentismo. Para dar referencia, según estudios de la UB, basados en las PISA (2012), un docente argentino falta 70 veces más que uno en Corea del Sur.
Este “logro” y la “audaz” lucha docente puede ser perfectamente atribuida a los sindicatos, y su poder en nuestro país. Infinitos paros y licencias son legitimados por el sindicalismo. ¿En que trabajo del sector privado un empleado falta 70 días al año a trabajar y no es despedido? ¿Recuerdan algún año en el que no haya habido paros y no se haya retrasado el comienzo de las clases?
El problema de la educación pública como tal es que al ser manejada por el estado trae los problemas que trae la administración pública en todos sus rubros: corrupción, poca profesionalización, asignación deficiente de los recursos, grupos de poder que se oponen a los cambios necesarios, falta de incentivos para elevar la productividad, etc.
La alternativa: el sistema de cheque escolar, más conocido como “School voucher”
Este sistema fue planteado por Milton Friedman en 1955 en su ensayo titulado “El papel del gobierno en la educación”; y lo que plantea es que se subsidie a la demanda, en vez de a la oferta. En otras palabras, el gobierno otorga cheques educativos con cierta cantidad de dinero a los estudiantes, quienes pueden canjearlos en la institución educativa que deseen.
Este cheque es canjeable única y exclusivamente en instituciones educativas, que pasan a ser privadas, y que luego cobrarán los bonos ante el estado.
La principal ventaja de este sistema es que las escuelas empiezan a competir entre sí, mejorar considerablemente su nivel académico, e invertir en mejores métodos de enseñanza y mejor infraestructura. Si la institución es buena y de calidad, los padres la elegirán para sus hijos; en cambio, si es mala, otro inversor abrirá una mejor al lado, ganándole en libre competencia.
La mejora que implicaría la aplicación del sistema de vouchers es evidente, ya que las escuelas operan con la lógica y el incentivo de cualquier organización privada, a más cheques, más dinero; por lo que indefectiblemente buscarán una mayor cantidad de estudiantes.
Pero por si la lógica falla, hay datos que lo corroboran. Los países que lo aplican son Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Corea del Sur y distintos estados de los Estados Unidos, todos países que están por encima del promedio OECD en la evaluación PISA.
El sistema de vouchers hace justicia contributiva. Les saca a los contribuyentes para devolvérselo a los mismos, en forma de un servicio de calidad. Esto evita que quienes elijan mandar a sus hijos a una institución privada, paguen dos veces su educación, por ejemplo. Incluso se podría economizar el gasto educativo. En CABA, el primer cordón del conurbano bonaerense y La Plata, aproximadamente el 30% de los estudiantes son de colegios privados. Aun así, los vouchers son del mismo importe para todos, lo que impediría que haya instituciones públicas que gasten US$ 400.000 anuales por egresado, tal como sucede en el sistema actual. Con el sector privado como administrador de recursos, probablemente, el resultado sería una educación más “barata”, y competente.
Además se empieza a tener números sobre el rendimiento de los docentes, como lo es en cualquier empleo del mundo. Si un empleado no está capacitado, y no es productivo, lo echan. Si da resultados, y es útil, obtiene gratificaciones y recompensas. Por consiguiente, en el sistema de cheque escolar, los buenos docentes empiezan a ser precisados y disputados por las instituciones, puesto que necesitan aumentar su clientela, ergo su ganancia. En Suecia, verbi gratia, los docentes cobran un estimado de € 4000, que en relación al costo de vida, les permite alquilar una casa en la capital, mantener una familia, tener dos autos y un ahorro del 5 al 7% del sueldo.
A la vez, se termina la corrupción sindical. Si un docente elige tomarse 1000 licencias, o parar dos meses, lo despiden y contratan a otro.
Esto les permite mayor libertad de elección a los padres, y a sus hijos, quienes pueden elegir que establecimiento es el más adecuado, dentro de un mercado escolar que ofrezca diversas currículas, con especialización en arte, filosofía, deportes, finanzas y diversas orientaciones, que les permitan a los alumnos profesionalizarse en materias de su interés, acotando así la gestión estatal a lo más básico, como podría considerarse a la literatura y matemáticas. Como resultado nos otorga unos potenciales trabajadores competentes en el mercado laboral, y preparados para la enseñanza superior.
Sumado a esto, tendremos una mayor integración social puesto que cualquier familia de clase baja puede utilizar el voucher de la manera que lo utiliza una familia de mayores ingresos, dando lugar a la acepción de diferencias, la solidaridad, el compañerismo, la comprensión de distintas realidades y un desarrollo conjunto como sociedad. En el sistema de vouchers, los estudiantes no quedan adscriptos al colegio de su barrio. Está la capacidad de elección, y la de acceder al mejor nivel educativo para quien así lo busque. No obstante, esto no impide, bajo ningún término, que haya instituciones que decidan cobrar una cuota adicional a la del voucher, puesto que esto opera bajo la lógica de un libre mercado, y el establecimiento es libre de establecer su cuota.
Aun así, considero correcto creer que visto el gasto actual de las instituciones privadas, y en comparación con el gasto de las públicas – el cual tratamos Ut supra – que el valor de los vouchers sería más que suficiente para garantizar una educación de calidad bajo una administración privada de los recursos. Se limita el poder estatal, consiguiendo así mayor transparencia en los gastos, mayor eficiencia en su asignación, e inclusive una baja en el gasto público.
Por último, creo que una crítica concurrente a este sistema sería la supuesta exclusión del sistema a las personas con discapacidad, entendiendo que es mucho más costoso en términos de capital. La solución es más fácil que el planteo, el estado puede otorgarles vales de mayor dinero a estos que puedan ser utilizados sólo en “escuelas especiales”.
En conclusión, creo que es muy importante concientizarnos de lo ineficiente e ineficaz que es nuestro sistema educativo actual tanto financieramente como en sus contenidos y como una alternativa presentada por Milton Friedman podría ayudarnos a construir un futuro mejor.
Por Blas Peralta, estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.