ALAN GALIANO
El pasado miércoles 4 de julio de 2018, se aprobó la denominada “Ley Justina”. Una norma que a esta altura ya todos sabemos cómo surgió, quién fue Justina Lo Cane, en qué consiste básicamente la ley y por supuesto no negamos toda la buena voluntad y buena fe que hay detrás de ésta. Sin embargo, hay algo más detrás de esta ley que no es para nada bueno, o por lo menos, no es tan simple como la gente lo plantea y defiende. Hemos visto, más que nada en redes sociales, cómo gente dice estar en contra de esta ley ya que declaran que se violan derechos y libertades individuales, y estas declaraciones son contestadas con otras del tipo “ya vas a estar muerto, y podrías salvar a una persona”. Y en parte, claramente ambos tienen razón. Es por ello que es necesario reflexionar e ir más profundo dentro de todo esto que está sucediendo.
Pensemos que, aunque mucha gente apoyaba la donación de órganos, sólo el 6% de la población estaba inscripta como donante y aumentar ese número obviamente ayudaría a salvar muchísimas vidas. Por lo que, para el Estado, era necesaria una política de salud pública que satisfaga ello, y ante la falta de oferta de órganos y tejidos, y la alta demanda de estos, tenía varias opciones: unas más conservadoras, si se quiere, que eran del estilo de fortalecer las campañas para que más gente quiera volverse donante, y otras un poco más extremas, como por ejemplo una ley que establezca que todos estén obligados a donar. Sin embargo, la Ley Justina vendría a ser como un punto intermedio para la solución de esta problemática.
En ella se presume que todos los mayores de 18 años son donantes, excepto que hagan un simple trámite para dejar constancia de lo contrario, y la opinión de la familia no se tendrá en cuenta. Es decir, lo inverso de como funcionaba anteriormente, cuando había que inscribirse para ser donante y aun así se consultaba a la familia. Esto implica varios problemas. Uno de ellos, y el que es considerado por “atentar contra las libertades individuales”, es que la ley no nace de la buena voluntad de las personas, sino que nace del avance del Estado en contra de la libertad de ellas, es decir, del autoritarismo, de la imposición. “La solidaridad debe ser espontánea o no es solidaridad, decretarla es aniquilarla”, diría Frédéric Bastiat.
Y es que, en realidad a las personas, en general, no les agrada realizar trámites. De lo contrario, todos los que se hubieran inscripto para ser donantes habrían sido más que sólo un miserable 6 por ciento, y les agradan menos aun cuando son para tener que aclarar algo que no quieren hacer. Además, veamos lo loco que suena esto: el tener que declarar lo que no querés que te hagan. De esta manera, muchísima gente que, por diversas creencias religiosas, por ignorancia o por lo que sea, se verán comprometidas con algo tan sensible para ellos como lo es la donación de órganos y tejidos, más allá de que uno piense que esté bien o no. El Estado pierde el respeto por la libertad de decidir de los individuos.
¿Es necesario que el Estado decida por nosotros por nuestra falta de solidaridad? ¿Qué nos enseña esto? ¿Que si no somos de determinada manera es legal obligarnos? ¿Acaso no podría el mercado ayudar en todo esto? ¿No podemos vender nuestros propios órganos o dejarlos como herencia para nuestros hijos, por ejemplo, para ser vendidos, pero sí debemos aclarar que no queremos dárselos a alguien más? Por todo esto y más, es que es necesario reflexionar acerca de esta ley y todo lo que ella implica.
Por Alan Galiano, estudiante de Contador público en la Facultad de Ciencias Económicas y estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario.