ALAN GALIANO
El pasado miércoles 14 de marzo una pregunta de la diputada Carla Carrizo de Evolución Radical por la Ciudad de Buenos Aires, apuntando a si está en la agenda del gobierno alguna ley para la equidad de cultos, reabrió la polémica sobre cuánto el Estado le paga a la Iglesia Católica. Por ello, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio a conocer el presupuesto del 2018 destinado a la misma, siendo éste de $130.421.300, el cual corresponde a las remuneraciones de los administradores eclesiásticos. Alcanzándose así la suma de $46.800 el sueldo mensual obtenido por los obispos diocesanos y administradores apostólicos y diocesanos, y $40.950 el sueldo de los obispos auxiliares y eméritos.
Si vamos al artículo 14 de la Constitución Nacional, éste expresa que: «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender». Me gustaría pararme en el penúltimo derecho, «profesar libremente su culto». Es que en el artículo 2º de la Constitución Nacional podemos apreciar que dice que el Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano, esto quiere decir que uno puede elegir ser de la religión que desee, sin embargo, a la hora de pagar, uno debe financiar obligadamente con sus impuestos al culto católico. Existiendo así tres leyes (la 21.950, la 22.162 y la 22.950), las cuales establecen que el Estado (recordemos que al Estado lo solventamos entre todos) debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, los cuales corresponden a un 80% del salario de un juez de primera instancia. También se debe subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zona de frontera y a los seminaristas, respectivamente. No olvidemos otros beneficios de los cuales goza la Iglesia Católica, como por ejemplo estar exenta del impuesto a las ganancias y el IVA, impuestos que otras entidades religiosas sí deben pagar; o que también algunos de sus edificios son remodelados por el Estado, como por ejemplo la Basílica de Luján.
Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué debemos financiar una religión a la que no todos pertenecemos? ¿Por qué un obispo debe cobrar el 80% de lo que cobra un juez, con lo que ser juez significa? Se necesita inmediatamente una reforma laica, el Estado debe dejar de estar influenciado por la Iglesia. Se deben respetar todas las religiones, pero deben ser organizaciones independientes del Estado, con el financiamiento de sus fieles a través del diezmo (como debería ser) o con colectas. Tampoco sería una buena idea una reforma que cree equidad entre todas las entidades religiosas, ya que el gasto sería aún mayor. Entonces, en mi opinión, basándome en la historia de la Iglesia Católica y en todo lo expuesto anteriormente, el Estado argentino debe dejar de ser un Estado confesional y empezar a ser uno verdaderamente laico.
Por Alan Galiano, estudiante de Contador público en la Facultad de Ciencias Económicas y estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario.
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