ENSAYO SOBRE EL SUFRAGIO OBLIGATORIO

LUCIO BUZZANO

En nuestros días, en la gran mayoría de los países de nuestra América Latina, existen leyes que dictan que el ejercicio del sufragio no es sólo un derecho, sino también una obligación de los individuos políticamente activos. En muchos de nuestros Estados, la ley demanda justificaciones y coartadas que excusen al ciudadano que no haya asistido a votar, e incluso contempla sanciones para aquellos que resienten su práctica ya sea por su propia y libre decisión, o por encontrarse en dificultades para cumplir con su deber cívico que, no obstante, no son para ella motivos suficientemente deshabilitadores para que la legislación libere al afectado de su carga. De esta manera, todos los ciudadanos son convocados a votar, normalmente cada dos años, independientemente de su voluntad o de si creen estar lo bastante informados para tomar una decisión de un calibre tal como lo es decidir quién ejercerá el monopolio de la violencia legítima y el rol de tercero imparcial durante los próximos cuatro años (en la mayoría de los casos).

Debemos considerar, sin embargo, que la mayor parte de los países latinoamericanos carecen de una tradición democrática-republicana fuerte, tanto a causa del estado de pasivo letargo en el que se mantuvo a la mayoría de la población durante décadas, como por la debilidad de sus instituciones, lo que tuvo como consecuencia una sucesión intermitente entre gobiernos elegidos por el porcentaje de nacionales considerados aptos para el ejercicio de la ciudadanía, y gobiernos dirigidos por las Fuerzas Armadas. Con la caída de las dictaduras latinoamericanas a finales del siglo XX, nos encontramos con un panorama similar en casi todo el continente, marcado por un intenso sentimiento de protección y recuperación de los valores democráticos y un fuerte y relativamente homogéneo analfabetismo republicano. Tras años de autoritarismo, el pueblo ansía democracia. Pero, como señaló Carl Schmitt a principios y mediados del siglo anterior, el sistema democrático y el republicano-representativo no van necesariamente de la mano. La única forma de ejercicio del poder conocida por el pueblo no es otra más que a través del reconocimiento de su voluntad en la persona de un líder carismático, que materialice sus elementos comunes y lo dirija hacia una utopía, un ideal, sólo vislumbrado en su mente aparentemente suprahumana y clarividente. La masa es entonces mantenida en un perpetuo estado de pasividad, a la espera de órdenes, y es llamada ocasionalmente por sus titiriteros para que confirmen nuevamente el deseo de que sus hilos sigan moviéndose desde arriba hasta la siguiente elección. Mientras tanto, los dueños “por derecho” del Estado, los defensores del pueblo, insisten en la necesidad moral de que el rebaño orwelliano concurra a votar. Defienden el papel educador y liberador del acto de poner una boleta dentro de una caja por la responsabilidad que ese acto de ciudadanía conlleva. Exigen la participación del pueblo al momento de delegar su poder en ellos, pero dificultan hasta extremos irreconocibles su intromisión en otros asuntos del Estado en nombre de la defensa de la colectividad frente a la despreciable particularidad individual. Una vez convertidos en voceros del todo, cualquier acto que los contradiga es apátrido. Por estas y muchas otras razones que debido a mi ignorancia y a mis limitaciones no soy capaz de citar, es que convoco a reflexionar: ¿cuál es la relación entre sufragio y formación cívica? Y con eso, ¿debería el sufragio ser obligatorio?

Las justificaciones de la obligatoriedad del voto son diversas. Una de las más difundidas es su rol protagónico al momento de construir una identidad nacional y nacionalista. El deber jurídico de votar obliga al ciudadano a mantenerse informado sobre los asuntos públicos, así como de los acontecimientos actuales relativos al funcionamiento del Estado y su relación con las instituciones civiles que se encuentran por fuera de él. El tener que sufragar, dicen, cumple la función de educar a los ciudadanos en las prácticas democráticas tras décadas de privación de sus derechos políticos. En fin: muchos justifican la obligatoriedad del voto por su utilidad a la hora de construir individuos políticos. Sin embargo, nos encontramos desde el principio con una contradicción: la ley dice al pueblo que es libre de decidir quién los gobernará, pero lo priva de su libertad de decidir si quieren tomar parte de esa decisión. ¿Cómo puede una persona ser capaz de elegir libremente si se la obliga a elegir? La misma práctica del voto en blanco o del voto anulado no resuelve este problema porque la privación se mantiene. El ciudadano tiene el deber jurídico de ejercer su voto. Si no lo hace, habrá consecuencias. ¿Qué clase de libertad política es esa? Por otro lado, me pregunto ¿cuál es el momento educador y constructor de la identidad nacional: el acto mismo de introducir un papel en una caja, o el proceso previo de educación y formación en los valores republicanos de participación y libertad de decisión? En mi opinión, creo que el rol del hecho de sufragar se ha exagerado en detrimento del de la educación cívica. El tener que votar no obliga a una persona a estar informada, y, si se la obliga a votar, entonces, con el mismo objetivo de conseguir una votación responsable, se la debería obligar a informarse. ¿Y cómo podría el Estado asegurarse de que esto suceda si no es con métodos como los ilustrados en libros como 1984, de George Orwell, o La Naranja Mecánica, de Anthony Burguess? Dicho esto (y dada la imposibilidad o la indeseabilidad de que tales prácticas sean aplicadas en la población políticamente activa), desde un punto de vista también esencialmente utilitarista, ¿es conveniente que acudan a votar aquellos que no saben qué propone cada candidato y, por lo tanto, ignoran la dirección que podrían tomar los asuntos públicos en caso de que cada uno resulte vencedor? Así como no es posible obligar a alguien a interesarse por algo que no se interesa, en los asuntos relativos al Estado este experimento podría resultar especialmente perjudicial por el impacto que tiene la decisión individual en el resto de la sociedad.

El proceso de educación y difusión de la información, como dije en el párrafo anterior, es anterior y no está necesariamente relacionado con el acto mismo de sufragar. Sin embargo, y tristemente, el rol del primero se ha relativizado en nombre de la disponibilidad de la información en los medios de comunicación (objetivamente al alcance de casi todos), dando lugar a prácticas clientelistas y populistas, especialmente desde el Estado (que cuenta con mayores facilidades que el resto de las fuerzas políticas), que sólo se enfocan en el segundo. Es absurdo pensar que sin una formación cívica impartida durante los años de educación primaria y secundaria (es decir, cuando el individuo es menor de edad y por lo tanto es legítimo pensar necesaria la asistencia de un tercero mayor para la protección de sus intereses hasta el alcance de su mayoría de edad) se subsanará de repente y cada dos años, por el sólo hecho de votar, el ausente proceso que da como resultado a un ciudadano informado y activo, como se pretende actualmente. No, el sufragio por sí mismo no educa. El sufragio por sí mismo no es más que un procedimiento para la elección de representantes. El foco debe ponerse en el paso anterior, absolutamente condicionante del siguiente.

Otra razón que se le suele dar a la necesidad del voto obligatorio es que, por el hecho de participar una mayor parte de la población, las decisiones del gobierno se vuelven más legítimas. Lógicamente, un gobierno elegido por una minoría resulta más frágil a la hora de enfrentarse a los reclamos del pueblo como su representante legítimo que uno votado por la mayoría. El sufragio obligatorio resuelve este problema: como todos deben expresar su voluntad, no hay lugar para este tipo de debilidad. No obstante, cabe preguntar: ¿es más legítimo un gobierno si la población participa del proceso electoral contra su propia voluntad? Al serle impuesta como una obligación, el elector podría reaccionar contra su carga cívica y acercarse a la política con fastidio más que con el deseo de ejercer sus derechos políticos. ¿Qué elección responsable puede hacerse con desgano y tedio? ¿Cuánto más legítimo hace esto al gobierno elegido?

Se podría decir también que la no obligatoriedad del voto podría resultar en un aumento del fraude político. Al no tener que acudir a la elección, deja de haber un control individual del voto y los nombres de muchos ciudadanos podrían usarse para respaldar, obviamente, sin su permiso, la candidatura de tal o cual candidato. Sin embargo, considero que nos encontramos aquí ante un problema de corrupción institucional. En la gran mayoría de los sistemas democráticos latinoamericanos, en cada lugar de votación se cuenta con la presencia de fiscales representantes de las distintas fuerzas políticas en pugna que garantizan la transparencia del proceso electoral. Sin su permanente observación, la elección se encuentra en peligro incluso bajo la legislación actualmente vigente. Un registro atento por parte de todos los fiscales de quienes concurren a votar es la única salvaguarda de la validez de todo el procedimiento. ¿Y qué mejor que los más interesados en el desarrollo normal de las elecciones para garantizar la transparencia del proceso? Podemos convenir con razón en que no existe mejor forma de asegurar el buen funcionamiento de cualquier actividad humana que con la participación libre y voluntaria de aquellos que son afectados y que están más interesados en ella en las tareas de desarrollo y supervisión de dicha actividad. Es un problema que va más allá de la ciudadanía. Es un problema de honestidad y responsabilidad cívica de quienes se han ofrecido para supervisar el proceso electoral. Si el sufragio dejara de ser obligatorio, existiría, por otro lado, otro beneficio: el ya no tener que acudir a votar por uno mismo hará necesario que las prebendas ofrecidas por los infames “punteros políticos” (una especie de proxenetas de votos) sean mayores, acortando necesariamente el alcance del clientelismo o, en el peor de los casos, encareciendo sus actividades (lo cual redundaría también en la limitación de su alcance). Por estas razones es porque creo que el fraude electoral y clientelismo se verían reducidos de terminar con la obligatoriedad del voto.

A modo de cierre, si el sufragio no fuera obligatorio, entonces podríamos dividir a la población efectivamente entre quienes desean votar y quienes no. Suponiendo que quienes desean votar son aquellos individuos que con mayor vehemencia siguen los asuntos del Estado y por lo tanto quieren participar de la toma de decisiones; y que quienes no tienen intención de votar son aquellos que ya sea por falta de interés, o por no sentirse representados por ninguno de los candidatos, o por no creerse lo suficientemente informados, no quieren ejercer tal carga pública, ¿cuál de los dos grupos se vería disminuido en una elección? ¿Es que tal proceso no daría como resultado una imagen más fiel del clima ideológico y político de la nación que obligando a los individuos a decidir contra su voluntad? El sufragio debe ser universal, pero nunca obligatorio. No podemos coartar la tan difícilmente conseguida libertad democrática en nombre de la democracia. Como dije antes, es una contradicción que no se mantiene más que por la costumbre. ¿Queremos una elección responsable? Liberemos a los individuos de la obligación de votar y enfaticemos en el deber de educar. Respetemos y ponderemos la libertad de decidir por uno mismo. Transformemos el votar de ser una carga cívica a ser un honor cívico, que se acepta con plena voluntad y conciencia. Porque el sufragio debe ser una obligación moral, pero nunca una jurídica.

Lucio Buzzano. Miembros del Grupo Joven Fundación Libertad.