YAMILA FECCIA
Históricamente diversos gobiernos han restringido las libertades en nombre de una idea, una necesidad o una circunstancia, y lo han hecho en regímenes de todo tipo y color político. Esas restricciones no sólo han causado pérdidas económicas y materiales, sino que han sido el preámbulo para la implementación de una batería de mecanismos que sellaron el dinamite de un país.
En los últimos treinta años, la historia argentina evidencia varios intentos de control de precios para frenar la inflación y la caída del salario real de la población.
En 1973, con la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, se aplicó uno de los primeros controles de precios de la historia reciente. De la mano de José Ver Gelbard como ministro de Economía, las intenciones eran estabilizar los precios y reducir los elevados índices inflacionarios heredados hasta el momento. Se llevó a cabo la firma de un acuerdo mediante el Acta de Compromiso Nacional entre la CGT y la Confederación General Económica (CGE), donde se incluyó el congelamiento de precios y un alza general de sueldos, suspendiendo negociaciones colectivas salariales por dos años. No obstante, dicho acuerdo tuvo que reverse a los 10 meses de su vigencia y es de este modo donde la intención de estabilizar la economía fortificando la producción y el consumo interno no llegó a su éxito.
Posteriormente, a raíz de la salida de Gelbard y luego de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo pasó a ocupar el cargo de ministro de Economía. Intentó sincerar variables mediante una devaluación, duplicando el valor del dólar y llevando a cabo un reajuste tarifario, elevando las tarifas públicas y combustibles en más del 100 por ciento. Una de las imprecisiones del programa que pasó a la historia como el Rodrigazo, según sostiene Mario Rapoport, fue intentar combatir la inflación como un fenómeno puramente monetario y fiscal, un acontecimiento autónomo y sin vínculos con otros aspectos de la economía.
Emilio Mondelli, último ministro de Isabel Perón, anunció el 10 de marzo de 1976 el estado de “emergencia económica” e incluyó nuevos precios tope para algunos alimentos de primera necesidad. Dicha medida rigió hasta comienzos del gobierno militar.
Consecutivamente, en 1977, Martínez de Hoz asumió dentro de sus objetivos frenar la inflación. Estableció un acuerdo de precios por 120 días con la intención de deponerse a las “pretensiones alcistas de los empresarios”. Al finalizar la tregua, la inflación volvió, aumentaron las tasas de interés y se produjo una recesión. Dicho discurso guarda una gran semejanza con la política de congelamiento de precios impulsada por el ex Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
Bajo la presidencia de Reynaldo Bignone y Jorge Wehbe como ministro de economía, el 13 de septiembre de 1982, comenzó a regir un nuevo control de precios con el objetivo principal de resguardar los salarios reales.
En diciembre de 1983, Raúl Alfonsin y su ministro de Economía Bernardo Grinspun implementaron, según Mario Rapoport, medidas que incluyeron el aumento de salarios de suma fija, de tarifas de los servicios públicos, fijación de pautas para el incremento futuro de los precios, salarios y tarifas públicas y la determinación del tipo de cambio para el mes de enero, el establecimiento de un sistema de control de los precios industriales y la reducción de las tasas de interés reguladas. Dentro de la regulación de precios se establecieron márgenes máximos en la comercialización de alimentos que debían ser aprobados por la Secretaría de Comercio. Según Cortés Conde, en 1984, los precios habían trepado a más del 600% anual.
Un año más tarde se anunció el Plan Austral, donde se llevó a cabo un nuevo congelamiento de precios, salarios y servicios públicos abandonándose nueve meses más tarde. En julio de 1987 se anunció el Plan Primavera estableciendo nuevos acuerdos, pero que a la larga terminó por detonar en la hiperinflación que acabó con el alfonsinismo y determinó la presidencia de Carlos Menem.
Todos estos hechos guardan gran semejanza con el contexto actual. Asimismo, el primer intento de precios cuidados debutó en diciembre de 2013 y fracasó al mes siguiente debido a que la inflación de diciembre fue de 4,1% y la de enero de 4,2%. Según M&S Consultores la estrategia se trató de “un puente colgante de divisas más mini – devaluaciones más marcadas para moderar la caída de reservas y una lista de cerca 200 precios cuidados para frenar la inflación”.
Resulta claro que el control de precios y el desequilibrio sostenido por controles no garantizan el éxito, por el contrario conducen, junto con la interacción de otras variables, al estallido de una Nación, al profundizar la crisis, al perjudicar tanto a productores como consumidores, al desalentar inversiones como asimismo al aumentar la incertidumbre y la pobreza.
Esta variedad de morfina concedida en pequeñas dosis no soluciona el problema, por el contrario, es el camino inverso a la prosperidad económica que en el largo plazo provoca entre otras cosas el desabastecimiento de productos, debido a que ningún empresario estaría dispuesto a producir con rentabilidades ridículas o en muchos casos a pérdida.
Estas medidas que toman a diario los gobiernos actuales fracasan porque hay un vacío de políticas globales, integradas y articuladas (fiscal y monetaria), pensadas en el largo plazo y fundadas sobre acuerdos.
Hoy se habla de congelamiento de precios pero no de la emisión monetaria de casi el 25% anual (según expresó Fábrega al diario La Nación), de la dilapidación de recursos y la consecuente descapitalización de la Nación, de la pérdida de derechos y libertades individuales y la invariable tolerancia de que una autoridad pública indique qué se debe consumir, qué no y en qué momento.
Claro está, la forma más extrema y amenazadora utilizada por algunos gobiernos para tener éxito en las restricciones por ellos impuestas ha sido instaurar el miedo en la sociedad. En regímenes no totalitarios ni dictatoriales, el miedo cobra otras formas, no menos preocupantes: el miedo a la expropiación, el miedo a la persecución y la arbitrariedad fiscal, el miedo a la pérdida de la libertad de expresión y de movimiento.
Según Aristóteles, “una cosa no puede ser al mismo tiempo y en el mismo contexto”, lo que concluye en la “Ley de contradicción”. O somos el país de derechos humanos como insiste el gobierno o somos los violadores de derechos humanos como demuestra la evidencia.
Yamila Feccia, estudiante avanzada de Licenciatura en Economía (UNR) y miembro del Grupo Joven Fundación Libertad.