GUILLERMINA SUTTER SCHNEIDER
Las referencias al imperio de la ley son poco comunes en las discusiones de políticas de los Bancos Centrales. El concepto de Estado de Derecho en la jurisprudencia y la filosofía política tiene varias dimensiones. Uno de los principios básicos sobre los cuales se ha cimentado la organización de las instituciones políticas en las sociedades modernas es el de la división de los poderes públicos. Así, la coexistencia de un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial, en donde las facultades de cada uno de éstos se establecen de manera de conseguir un cierto contrapeso entre los mismos, ha sido concebido como una herramienta básica para el logro de la estabilidad de las instituciones procesos políticos (Rosende, 1989).
“En el plano de las instituciones económicas, este tipo de discusión no parece haber sido visualizado con la misma perspectiva que n las ciencias políticas. Probablemente esto ocurra por cuanto la dominación del Fisco sobre el Banco Central es un fenómeno que ha ido adquiriendo relevancia en la medida en que la práctica de los tipos de cambio fijo ha ido siendo abandonada” (Rosende, 1989).En su esencia es el principio liberal clásico de la gobernabilidad no discrecional que se contrapone a la regla arbitraria o discrecional de las personas actualmente en función de cargos públicos. En otras palabras: o prevalece el Estado de Derecho o prevalecen las reglas de las autoridades. En el marco del Estado de Derecho, los organismos gubernamentales no hacen más que cumplir fielmente las leyes que han sido plasmadas en la ley escrita. Bajo el gobierno de las autoridades, quienes ocupan los cargos en el Poder Ejecutivo tienen la facultad de crear innumerables decretos sobre la marcha, y además renunciar a la aplicación de las leyes de la legislación positiva (White, 2010).
Hayek supo contrastar en una de sus obras clásicas un país bajo un gobierno arbitrario y un país libre en el que se observa el gran principio conocido como el Estado de Derecho. “Stripped of all technicalities, this means that government in all its actions is bound by rules fixed and announced beforehand – rules which make it possible to foresee with fair certainty how the authority will use its coercive powers in given circumstances and to plan one’s individual affairs on the basis of this knowledge” (Hayek, 2007).
El concepto de Estado de Derecho tiene profundas raíces históricas. David Hume en “La Historia de Inglaterra” indagó acerca del valor de establecer el imperio de la ley en el lugar de la discreción sin restricciones de los funcionarios gubernamentales. Hume reconoce que no siempre es conveniente en el corto plazo a renunciar a medidas ad hoc. Así, Hayek (1969) cita a Hume: «some inconveniences arise from the maxim of adhering strictly to law«, pero luego afirma que la historia ha demostrado que en el largo plazo se está mejor si se adhiere al imperio de la ley. Según Hume, «It has been found, that the advantages so much overbalance the inconveniences that we should salute our ancestors who established the principle”.
El Estado de Derecho es de vital importancia, ya que permite a la sociedad de combinar la libertad, la justicia y un orden económico próspero [1]. Cuando se conocen las normas legales y además las acciones del gobierno son predecibles, las personas libres pueden planificar con confianza sus vidas y negocios, y pueden coordinar sus planes a través de la economía de mercado. Los ciudadanos no tienen por qué temer una arbitraria confiscación de sus posesiones o anulación de sus contratos. Los empresarios saben que si tienen éxito en la transformación de los insumos de menor valor en productos de mayor valor, se quedarán con los beneficios. Si fallan, fallan, deben soportar las pérdidas.
Para hacer estrecha y establecer una relación entre la importancia del cumplimiento del Estado de Derecho y el mercado monetario podría afirmarse en una primera instancia que el imperio de la ley no prevalece hoy en día en nuestros sistemas monetarios y financieros actuales. No existe un gobierno en todas sus acciones sujeto a las normas establecidas y anunciadas de antemano, cuando los individuos que participan en los mercados financieros toman cada palabra anunciada por las autoridades del Banco Central e intentan interpretar y adivinar sus actuaciones futuras.
Los banqueros centrales hoy en día son los gobernantes arbitrarios de las instituciones monetarias y financieras de la economía. Los defensores del imperio de la ley, que en general condenan las reglas arbitrarias creadas por los funcionarios públicos, deberían además desaprobar expresamente la regla de los banqueros centrales. Hoy en día estos no son «esclavos de la ley» sino que ejercen una amplia discrecionalidad en la política monetaria, así como también en la elaboración de las normas comprendidas en la legislación que creó y en la que se facultó al Banco Central (White, 2010).
La discreción en la política monetaria y la política de regulación financiera tampoco da mejores resultados. Es hoy ampliamente reconocido que la inflación está inadvertidamente fomentada por las políticas discrecionales de los Bancos Centrales, en los que la palabra «discreción» significa la ausencia de compromiso previo a cualquier regla de política fijada de antemano (Kydland y Prescott, 1977).
[1] Recomiendo leer el texto de Barnett (1998) donde sostiene que la adjudicación privada y el cumplimiento de la ley, junto con las fuerzas del mercado eliminando las ineficiencias e inequidades, es el único sistema legal que puede proporcionar soluciones adecuadas a los problemas de interés, poder y conocimiento.
Guillermina Sutter Schneider, estudiante avanzada de Licenciatura en Economía, ayudante de cátedra de Macroeconomía I en la UNR, miembro fundador del Grupo Joven Fundación Libertad, y miembro fundador y responsable del área de Comunicación del Partido Liberal Libertario de Santa Fe.
Twitter: @gsutters
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