GUILLERMINA SUTTER SCHNEIDER
El control de la cantidad de dinero se ha convertido en el principal instrumento de las políticas del gobierno y ha contribuido a que el Estado adquiera cada vez más poder y control sobre la economía. De esta manera no sólo crea el dinero, sino que tiene la potestad de hacer que la gente acepte cualquier cantidad de dinero adicional porque ha establecido previamente una moneda de curso legal [1]. Además, basado en la posibilidad gubernamental de cubrir el déficit fiscal vía emisión monetaria, las atribuciones del aparato estatal se han ido expandiendo.
Además, cabe destacar que este monopolio estatal del dinero se reforzó aún más cuando se desplazó por completo a los entes privados y se les prohibió la participación y competencia en la creación de la moneda. Cualquier banco privado emisor, guiado por el ánimo de lucro, serviría mejor al interés del público en comparación a otras instituciones cuyo objetivo no fuera servir a dicho interés. Como el gobierno no puede actuar en interés general, es altamente improbable que consiga su objetivo. Sostiene Eckstein que “los gobiernos no pueden cumplir las reglas, aunque adoptaran la filosofía de ofrecer un marco estable”. Esto es así porque a fin de favorecer a un determinado grupo o sector, los mecanismos del gobierno mayoritario fuerzan al gobierno a utilizar el poder que le fue concedido y que fue adquiriendo a lo largo de los años para obtener el apoyo suficiente para alcanzar la mayoría. Entonces, como el gobierno puede obtener un beneficio monopolizando la emisión monetaria sin actuar en beneficio del interés general, prohíbe el ingreso al mercado de entes privados que compitiendo reducirían el beneficio total que obtiene el gobierno por tener control absoluto sobre el mercado de la emisión monetaria. Alberto Benegas Lynch (h) también señala al respecto que “la autoridad monetaria necesariamente se equivoca, no puede acertar en su decisión. (…) Mientras tenga las atribuciones de autoridad monetaria se equivocará, puesto que sus decisiones serán distintas de las que hubiera adoptado la gente y, como queda dicho, si son las mismas no tiene razón de existir.”
Por otro lado, podría argüirse que así como los individuos deben producir y vender determinado bien o servicio para adquirir otro bien o servicio, con el aparato estatal no sucede lo mismo. Los gobiernos no obtienen sus ingresos del pago de bienes o servicios y deben encontrar la forma de quitar a los individuos parte de sus ingresos para contar con fondos a fin de desarrollar determinada actividad. A través de los impuestos, el gobierno crea una vía directa de captación de recursos, mientras que la indirecta se da vía emisión. Con la emisión monetaria el gobierno puede apropiarse de los recursos del público. Así, la inflación se convierte en un medio poderoso y sutil ya que no se advierte inmediatamente.
[1] Según Francis A. Mann (1971), la moneda de curso legal significa un tipo de moneda que un acreedor no puede rechazar como pago de una deuda, haya sido ésta emitida o no por los poderes públicos. Sostiene además Lord Farrer (1898) que cualquier ley de curso legal es por naturaleza sospechosa ya que simplemente es un artificio jurídico para obligar a la gente a que acepte como cumplimiento de un contrato algo que nunca pretendió cuando lo firmó. Así, se sustituye una acción libre de un contrato voluntario y de una ley que simplemente obliga al cumplimiento de tales contratos por una interpretación artificial de los mismos en la que nunca habrían pensado las partes si una ley arbitraria no se lo impusiera.
Guillermina Sutter Schneider, estudiante avanzada de Licenciatura en Economía, ayudante de cátedra de Macroeconomía I en la UNR, miembro fundador del Grupo Joven Fundación Libertad, y miembro fundador y responsable del área de Comunicación del Partido Liberal Libertario de Santa Fe.
Twitter: @gsutters
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